13.9.12
Una teoría de la clase política española
Una teoría de la clase política española
Los partidos han generado burbujas compulsivamente
EVA VÁZQUEZ
En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:
1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?
2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?
3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?
4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?
En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post,como medio de cambiar nuestra clase política.
La historia
Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.
Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.
En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en unmodus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.
En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión decafé para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.
En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.
Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.
Las burbujas
Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.
La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!
Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!
La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría
Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.
El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:
"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".
"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".
"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo". Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".
Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:
- La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
- La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
- ¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
- Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.
La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción
La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.
La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.
La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.
Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.
El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.
Cambiar el sistema electoral
La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.
Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?
César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.
4.9.12
31.8.12
el ventano: La penúltima indecencia del Gobierno
el ventano: La penúltima indecencia del Gobierno: "
"El Partido Popular se compromete a garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias...". Esto dice uno de los puntos sobre Sanidad del programa electoral con que el partido de Rajoy se presentó a las últimas elecciones. Pero no es el único punto que ha olvidado este Gobierno tras su llegada al poder.
"Queremos un modelo sanitario centrado en el ciudadano y en el paciente, caracterizado por una gestión eficiente e integrada, con todas sus capacidades orientadas a prevenir y resolver los problemas de salud...
"El Partido Popular se compromete a garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias con altos estándares de calidad que incorporen las nuevas tecnologías y supongan una mejora real en el tratamiento de las enfermedades...
"Velaremos por la atención continuada de los pacientes y por la igualdad de oportunidades en el acceso real a los servicios sanitarios... Pondremos a disposición de los pacientes todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud, estén donde estén...
Ayer el Gobierno de Aragón emitió un comunicado con un lenguaje perfectamente diseñado para hacer creer que todo sigue igual. Primero asegura claramente que el sistema sanitario atenderá a todo el mundo, "como se venía desarrollando hasta ahora". Luego viene la 'letra pequeña' llena de eufemismos cuando dice que se establecerán "los mecanismos administrativos que sean necesarios para la facturación de los servicios recibidos" para los 'sin papeles'. Este es el texto:
"El Servicio Aragonés de Salud prestará asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier centro, ya sea de atención primaria u hospitalaria. La forma de acceso será la actualmente establecida, como se venía desarrollando hasta ahora. Esto significa que no se modifican los procedimientos asistenciales y que ningún extranjero quedará desasistido.
"Para aquellos usuarios que no tengan la condición de asegurado o beneficiario del SNS y no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública, se establecen los mecanismos administrativos que sean necesarios para la facturación de los servicios recibidos.
"Para la cobertura de dicha asistencia de los no asegurados, el personal administrativo informará a los usuarios de las diferentes opciones para la cobertura de la financiación de dicha asistencia.
Para el Partido Popular, los inmigrantes no existen para la sanidad pública, pero sí para pagar la atención sanitaria que necesiten. Es quizá lo más indecente de este asunto. El Gobierno es una banda de malvados con Rajoy a la cabeza.
La penúltima indecencia del Gobierno
"El Partido Popular se compromete a garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias...". Esto dice uno de los puntos sobre Sanidad del programa electoral con que el partido de Rajoy se presentó a las últimas elecciones. Pero no es el único punto que ha olvidado este Gobierno tras su llegada al poder.
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| Ana Mato, en noviembre de 2011 |
"Queremos un modelo sanitario centrado en el ciudadano y en el paciente, caracterizado por una gestión eficiente e integrada, con todas sus capacidades orientadas a prevenir y resolver los problemas de salud...
"El Partido Popular se compromete a garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias con altos estándares de calidad que incorporen las nuevas tecnologías y supongan una mejora real en el tratamiento de las enfermedades...
"Velaremos por la atención continuada de los pacientes y por la igualdad de oportunidades en el acceso real a los servicios sanitarios... Pondremos a disposición de los pacientes todas las capacidades del Sistema Nacional de Salud, estén donde estén...
Ayer el Gobierno de Aragón emitió un comunicado con un lenguaje perfectamente diseñado para hacer creer que todo sigue igual. Primero asegura claramente que el sistema sanitario atenderá a todo el mundo, "como se venía desarrollando hasta ahora". Luego viene la 'letra pequeña' llena de eufemismos cuando dice que se establecerán "los mecanismos administrativos que sean necesarios para la facturación de los servicios recibidos" para los 'sin papeles'. Este es el texto:
"El Servicio Aragonés de Salud prestará asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier centro, ya sea de atención primaria u hospitalaria. La forma de acceso será la actualmente establecida, como se venía desarrollando hasta ahora. Esto significa que no se modifican los procedimientos asistenciales y que ningún extranjero quedará desasistido.
"Para aquellos usuarios que no tengan la condición de asegurado o beneficiario del SNS y no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública, se establecen los mecanismos administrativos que sean necesarios para la facturación de los servicios recibidos.
"Para la cobertura de dicha asistencia de los no asegurados, el personal administrativo informará a los usuarios de las diferentes opciones para la cobertura de la financiación de dicha asistencia.
Para el Partido Popular, los inmigrantes no existen para la sanidad pública, pero sí para pagar la atención sanitaria que necesiten. Es quizá lo más indecente de este asunto. El Gobierno es una banda de malvados con Rajoy a la cabeza.
22.6.12
Eco Republicano: La propuesta de Julio Anguita: "Somos mayoría"
Eco Republicano: La propuesta de Julio Anguita: "Somos mayoría":
La propuesta de Julio Anguita: "Somos mayoría"
A través del Colectivo Prometeo, Julio Anguita cumpliendo su compromiso, ha desarrollado la siguiente propuesta:
LA PROPUESTA DE JULIO ANGUITA: "SOMOS MAYORÍA"
La experiencia diaria nos demuestra que, independientemente de la adscripción ideológica, política, sindical o profesional de cada uno y de cada una, somos mayoría quienes coincidimos en señalar y comentar una serie de evidencias que el sentido común más a ras de tierra no tiene por menos que reconocer como verdaderas e indiscutibles. A título de apretado resumen veamos algunas de ellas:
1. Somos mayoría quienes empezamos a vislumbrar que esta situación no tiene remedio con las medidas que -con la excusa de la UE y los mercados- el poder económico-financiero está imponiendo. La deuda de las familias, la banca, las empresas y el Estado (con sus tres administraciones) es la siguiente:
Deuda del Estado ……………………….… 600.000 millones de euros
Deuda de las familias a los bancos……………. 1 billón de euros
Deuda de las empresas a los bancos………….. 1´3 billones de euros
Deuda de la banca al BCE y otros…………… 200.000 millones aproximadamente
Esta cantidad es impagable y lo es porque debido a la política de recortes y reformas del mercado laboral añadidas a la crisis, han producido una depresión que no da señales de acabar; muy al contrario, parece que va a continuar sin saber hasta cuando. Y a pesar de ello cada día hay una subasta de títulos, bonos y pagarés a creciente interés y con una prima de riesgo disparada, el Estado interviene y nacionaliza las pérdidas de los bancos quebrados con la confesada intención de devolverlos al sector privado una vez saneados.
La ayuda de la UE a los bancos está avalada por el Estado y en consecuencia éste asume, como garante último, la devolución del préstamo. Los recortes a las condiciones de vida de la ciudadanía continúan en una clara transgresión, no sólo de la solemne Declaración de DDHH de la ONU sino -incluso- de los Títulos Preliminar y VII de la vigente Constitución Española. No hace un año todavía la Constitución ha sido modificada en su artículo 135 a fin de que la deuda tenga preferencia de pago sobre cualquier otro gasto público. El llamado Estado de Derecho ya no es tal. Paralelo al Estado y sus administraciones, existe otro que informa el impulso de la acción política; un doble Estado formado por mafias, redes clientelares, intereses espurios, grupos de presión y alguna que otra alcantarilla. La situación es todavía susceptible de empeorar si no se ataja esta política.
2. Somos mayoría quienes padecemos en nuestra propia situación, en la del entorno familiar, en la del vecinal o en el de nuestras amistades, el problema lacerante del paro, la precariedad, o las mil y una formas de degradar el ejercicio del trabajo. Y si a la cifra millonaria de parados y mal contratados le añadimos la evidencia de que los poderes públicos sólo plantean escapistas fórmulas consistentes en esperar una - cada vez más hipotética- recuperación que traiga “el crecimiento y la creación de empleo”, tendremos el cuadro de una situación sin esperanza, sin proyecto y sin calendario alguno. Así el discurso oficial (que es el del Gobierno pero también el de otros) alaba la flexibilidad en los despidos, la ruptura de los convenios o la trata de casi esclavos como una medida necesaria para crear empleo. De la misma manera se afirma que los recortes en sanidad ayudan a una mejor asistencia sanitaria y los recortes en educación producen una mayor calidad de la misma. Y en resumen, el discurso del absurdo, del cinismo y del aventurerismo conceptual y lingüístico que ha raptado a la razón, la lógica y hasta el más llano sentido común. Pero lo que constituye el mayor agravio para los que en estas circunstancias todavía tienen un puesto de trabajo, es oír como el mismo no es un derecho constitucional sino un privilegio.
3. Somos mayoría quienes padecemos en nuestras carnes -o en las de infinidad de familias- la pérdida de horizonte, de futuro y de expectativas para la juventud española. Hace años el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le encargó a James Petras, sociólogo norteamericano y catedrático de varias universidades estadounidenses, la elaboración de un estudio sobre las perspectivas de trabajo para los jóvenes de España. Petras entregó el trabajo en 1996, le pagaron y archivaron los estudios encargados. En aquellos documentos, que hoy están al alcance de cualquiera que quiera entrar en la red, el profesor Petras lanzaba el aviso de que ya estábamos ante las primeras generaciones que iban a vivir peor que sus padres. ¿Qué se hizo para evitar este drama? ¿Han reparado algunos “patriotas” en que cuando la juventud de un país sólo tiene como horizonte la emigración (para titulados) o la prolongación sine die de la tutela familiar, ese país deja de existir? ¿Qué padre o madre no estarían dispuestos, junto con sus hijos, a hacer algo efectivo para evitar este holocausto generacional?
4. Somos mayoría quienes presenciamos con asombro y escándalo que la corrupción se ha transformado en el hábitat cotidiano de nuestra existencia. Una corrupción que atraviesa los tres Poderes del Estado y llega hasta las más altas magistraturas del mismo. Financiaciones irregulares, negocios más que turbios, sobornos, tráfico de influencias, despilfarro del dinero público en obras faraónicas e inservibles, compra de material bélico, impagable y también inservible para los fines que se le atribuyen, sueldos de escándalo, trato de favor desde los poderes públicos a delincuentes convictos, desviación o paralización de la acción de la Justicia sobre presuntos delincuentes, uso torticero de los caudales públicos en beneficio de operaciones clientelares, etc. etc. etc. Pero la mayor de las corrupciones estriba en la concepción que se ha ido abriendo paso como consecuencia de estos desmanes: para una parte de la población el dinero público no es de nadie sino de quien se atreve a dilapidarlo, robarlo o malversarlo. El escándalo mayor no son sólo los delitos económicos en sí mismos sino también la indiferencia generalizada, la tolerancia social, la complicidad anímica con que son recibidos. A lo más, un chiste, una broma o un comentario jocoso.
5. Somos mayoría quienes vivimos en una auténtica inversión de valores sociales. La economía basada en la creación de mercancías, bienes y servicios, la laboriosidad, la ética cívica, el rigor en los conceptos y palabras, el uso productivo del ahorro ciudadano, el respeto al ámbito legal en la contratación, remuneración y previsión de futuro de los asalariados, ha sido sustituido por la economía del pelotazo, el negocio fácil, el tente mientras cobro, los contratos basura, la segregación laboral según el sexo y la situación de embarazo en el caso de las mujeres, la amenaza de despido como herramienta omnipresente en las relaciones laborales, las promesas de inversiones fáciles y lucrativas que han desembocado en estafas hechas a los ahorros de capas populares y medias; y en general toda una amplia gama de contravalores basados en el individualismo, el consumismo y un hedonismo cutre.
La filosofía basada en el negocio fácil, rápido y de alta rentabilidad se ha constituido en la médula de informes y programas económicos de la “modernidad y las altas finanzas”. Ha llegado a la Universidad y presidido sus reformas y adaptaciones al mercado y su cuerno de la abundancia; ha subvertido los valores de estudio, esfuerzo, tesón y dedicación inherentes a la actividad educativa; una actividad en la que lo importante son los gráficos, las estadísticas y el panel sobre el que se desarrollan las mentiras que obvian situaciones familiares, profesionales de los docentes y del sistema educativo en general. En la mentalidad media de alumnos y familias se ha instalado el conformismo evidenciado en la pregunta ¿estudiar para qué?
6. Somos mayoría quienes comprobamos cada día cómo la Constitución, los textos legales y demás documentos internacionales de obligado cumplimiento son vulnerados, incumplidos, marginados y falsificados en su aplicación. La Política, instrumento y ejercicio de servir a la mayoría social ha devenido (con contadas excepciones) en una eterna campaña electoral en la que promesas, propuestas y proyectos son olvidados con la misma ligereza, frivolidad y descaro con que fueron hechos en los tiempos anteriores a la cita con las urnas. De ser un campo donde hay una confrontación de programas, ideas, valores y ejercicio consecuente del ejemplo, la Política ha devenido en la pugna por ser protagonista en el escenario de las instituciones pero sin cambiar la obra que se representa; es un relevo en el cuadro de actores sin que jamás cambie el libreto. Y cuando se les interpela por este combate amañado, la respuesta es decepcionante: son los mercados, las finanzas, la UE, la comunidad internacional, etc. Las preguntas surgen espontáneas ¿Por qué hay elecciones entonces? ¿Elegimos a un poder democrático o solamente a un zascandil correveidile?
La Democracia es traicionada en nombre de ella misma. El que todavía conste en el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español es un hiriente sarcasmo. Si tomamos como referencia el texto constitucional vigente, caeremos en la cuenta de que vivimos un Estado de Excepción económico, social, político y ético. Ante nosotros se está desarrollando un Golpe de Estado incruento y a cámara lenta.
Esta situación que acabo de describir someramente es desagradable, pero desde luego es real y como tal la siente la mayoría. Otra cosa es cómo reacciona esa mayoría. A ella me dirijo para manifestarle algunas de las conclusiones a las que he llegado tras haber meditado sobre estos momentos concretos:
1. No hay fuerza política alguna que en solitario y en el ámbito específico y único de su actividad, sea capaz de asumir la tarea de poner fin a esta situación y además proponga una propuesta alternativa en el marco del derecho y la Constitución. La experiencia de los últimos años nos lo muestra. Y no la hay porque algunas ya han gobernado en balde y otras carecen del respaldo necesario para ello.
2. No hay fuerza sindical que sea capaz de representar a este inmenso colectivo que constituye la mayoría.
3. No existe ningún economista o colectivo de ellos que a palo seco y con sus ecuaciones, estadísticas y teorías, sea capaz, desde la pizarra, de plantear una salida viable y en positivo a este desconcierto.
4. Estas afirmaciones las hago desde mi convicción de que las fuerzas políticas y sindicales son necesarias, cumplen un rol, aglutinan ideologías (yo mismo milito en el PCE e IU) pero en este momento y en virtud de un proceso histórico que comenzó en la Transición, están ante una tarea que les desborda.
5. Las consecuencias son obvias: sólo un Frente Cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno a soluciones concretas es capaz de crear la fuerza necesaria para colocarla en la balanza del poder en contraposición a otros poderes económicos, y sociales que siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del Poder.
¿En que situación está la mayoría social?
La tremenda paradoja, la inquietante contradicción consiste en comparar la gravedad de la situación y la ausencia de sujeto social capaz de abordarla y superarla. Se necesita un soporte cívico democrático, de valores alternativos, firme, con voluntad de acometer el proceso de saneamiento económico, político y ético que la realidad demanda; y sin embargo esa fuerza no existe por ahora; existe en potencia pero no en acto.
La mayoría no tiene más homogeneidad que su condición de dominada ayer, hoy y si no lo remediamos, mañana también. Pero apenas hay algo más que la haga consciente de que es mayoría y puede ejercerla. En ella hay colectivos y personas que luchan como pueden contra esta situación; y lo hacen desde distintos supuestos, compromisos y proyectos de futuro. En esta mayoría viven multitud de personas que limitan su participación cívica a cada acontecimiento electoral y poco más allá. Pero además hay un número amplio de indiferentes a cualquier proyecto de acción cívica y que con resignación consciente o tácita asumen como inevitable los que les ocurre; No faltan tampoco quienes asumen con conciencia de culpa el discurso del poder económico y político que generalizando plantea que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Es la aceptación del discurso del dominante por parte del dominado. Es la represión perfecta: la víctima hace suyos el discurso y los valores del victimario.
En esta situación de resignación cultivada por el poder, de carencia de futuro y de anomia generalizada me dirijo a la mayoría, en mi exclusivo nombre, desde mi libertad y desde la convicción de que, si ahora no se lucha, nuestros hijos y nietos no tendrán futuro, ni país, ni tampoco se tendrán a ellos mismos. En consecuencia, hago una Convocatoria.
¿A quién?
A la ciudadanía harta de corrupción, de injusticias, de frivolidad política, de una práctica económica basada en la depredación del propio país, en la desertización de la industria, en la vuelta a unas relaciones laborales del siglo XIX y sin otro proyecto que no sea esquilmar más aún si cabe a esa mayoría.
A los militantes de fuerzas políticas y sindicales para que, a título personal, se incorporen al proyecto que este documento expone.
A plataformas, movimientos, colectivos y en general a todo grupo organizado que esté dispuesto a cambiar las cosas en el sentido de la justicia, la democracia profunda y el vivir en armonía con el entorno social, medioambiental y cívico.
A los hombres y mujeres de la Ciencia, la Técnica, la Economía, la Investigación, el Derecho, la Educación, la Sanidad y la Cultura para que, en paridad con los demás, aporten sus conocimientos, sus experiencias y su capacidad de analizar, sistematizar y exponer. Sin el saber no hay más proyecto que la barbarie institucionalizada.
¿Para qué?
El objetivo de la convocatoria es doble:
1. Que la mayoría social, por su propio impulso, por su propia voluntad y por su creciente toma de conciencia devenga en un Frente Cívico que teniéndose a sí mismo como referente, abra paso a una situación de plenos derechos económicos y políticos junto con unas relaciones personales y sociales fundamentadas en la ética cívica. Un Frente Cívico que tenga como protagonista al ciudadano y a la ciudadana; es decir a las personas conscientes de que sus deberes son los derechos de los demás y viceversa.
2. Constituir un referente de poder ciudadano que induzca de manera creciente a los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría. El proceso que conduce a estos dos objetivos pudiéramos considerarlo como un proceso constituyente de la mayoría social constituida como tal.
¿Cómo?
Permítanme, aún a riesgo de alargarme, que les exponga un símil. Imaginen que estamos ante un gigantesco mapa de España totalmente en blanco. Si por cada persona con voluntad de luchar o por cada organización, colectivo o asociación de cualquier índole ponemos un alfiler en el mapa, estaríamos ante un gigantesco acerico, pero nada más. Sería como una yuxtaposición de yos pero sin estructura alguna. Imaginen que con paciencia y un lápiz, vamos uniendo entre sí a todos los alfileres clavados en el mapa. Al terminar surgirá ante nosotros una red, un tejido, una estructura. Los yoshan dado paso alnosotros.
¿Qué tipo de cemento social, qué tipo de propuesta qué tipo de ideario es capaz de producir en los integrantes, dispersos y aislados de la mayoría, la asunción del nosotros, la mayoría? La respuesta es obvia: un Programa, una propuesta concreta, un objetivo, en principio cercano y necesario.
Especifico las características que le atribuyo al mismo:
1. Concreto, inmediato, acorde con las necesidades más perentorias y urgentes de los más desfavorecidos de la mayoría.
2. Aplicable de inmediato como garantía, prenda y estímulo de la alianza que se pretende.
3. Perfectamente factible, desarrollable y legal por inspirarse en el texto constitucional vigente. Ruego a los lectores que mediten un momento sobre los contenidos de los Títulos Preliminar y II de la vigente Constitución. El inicio de un programa debe insertarse en la legalidad vigente; el futuro ya irá produciendo sus contradicciones. Por otra parte, el programa debe ser capaz de generar la fuerza social que democráticamente lo haga cumplir.
4. Un programa en el que cada medida, por simple que parezca, lleve en su formulación la exigencia de un paso siguiente, de una propuesta inmediatamente posterior, que permite su realización.
5. Un programa que por su lógica interna hace imprescindibles los apoyos mayoritarios y la formación de conciencia colectiva tanto para su defensa como para su implantación.
6. Elaborado colectivamente. El autor de estas líneas tiene una amplia experiencia de cómo esto es posible si los que más puedan aportar son conscientes de que la velocidad de un convoy es la de su último elemento.
7. La elaboración colectiva consigue, en un determinado nivel de su desarrollo, ir ganando en complejidad, accesibilidad, interés y participación.
8. Que con el tiempo y/o la coyuntura, termine siendo una Alternativa fundamentada, pueda superar el marco actual de relaciones, equilibrios e incluso forma de Estado.
9. Un programa que por su incidencia en la actualidad, atraiga inmediatamente los apoyos necesarios no sólo para su elaboración sino para una movilización ciudadana consecuente, seria, decisiva y decisoria.
10. Si en cada localidad, personas, colectivos y grupos se unen a los demás para elaborar conjuntamente, convocar a la ciudadanía, movilizar, salir a la opinión pública y en general crear unaestructura reticular, la mayoría comenzará el proceso de su toma de conciencia.
11. En todo el proceso hay que prevenir que nos asalte el mal de nuestros tiempos: la prisa. Este proyecto -si quiere construirse con musculatura y solidez- debe rehuir la tentación de cotizar permanentemente en la bolsa mediática. El arranque de los trabajos será en muchos casos súbito y arrollador; sin embargo hay que saber moderar el tiempo. La Política, la consolidación de proyectos sociales con peso e influencia, no pueden ser flor de dos telediarios; el silencio y la discreción programados ayudan a crecer. Tiempo, constancia, voluntad y conciencia de lo que se quiere son, incluso en esta época de novedades permanentes, la única garantía de proyectos serios.
Al final de este documento y como ponencia para iniciar los trabajos, incorporaré una propuesta de de diez puntos que ya en otras ocasiones he presentado.
Cuestiones de estructura organizativa.
En estos días mi teléfono personal y las entradas al blog del colectivo Prometeo han superado las cotas más impensables. Las personas se ponen a mi disposición esperando quizás que se les ubique en una tarea, responsabilidad o misión. Por realismo (en mí esa palabra nunca ha significado claudicación) debo informar de la situación.
Yo habría podido dirigirme al PCE o a IU demandando infraestructuras, canales organizativos y ayudas de cualquier tipo; no lo he hecho. Mi concepción de este proyecto se basa en la total independencia de cualquier tipo de organización. El precio a pagar por ello, como el de la Libertad o el de la Dignidad, incluye la precariedad de medios, instrumentos y capacidades organizativas. En los momentos en los que redacto, sólo tenemos el blog (con el permiso de los compañeros de Prometeo), la promesa de determinados colectivos de ponerse en marcha inmediatamente y mi voluntad de que esto avance, se consolide y produzca un giro total en la vida española. Sin embargo, y como propuesta, avanzo algunas ideas organizativas que mi experiencia en la elaboración colectiva de otras épocas se han constatado como correctas, prácticas, flexibles y muy democráticas:
1. Creo que la organización por incipiente que sea debe atenerse a una estructura geográfica de comarcas, provincias, comunidades y Estado español
2. Lo que articula el funcionamiento es la elaboración, discusión y explicación del programa.
3. En cada lugar, en cada nivel o en cada área de especialización temática el funcionamiento debe ser abierto pero centrado en la concreción de la propuesta que se trate.
4. Todo lo demás depende del trabajo voluntario y libremente aceptado. No tenemos más que una voluntad firme para que este horror acabe y nuestros y nietos tengan algo en lo que enraizarse y vivir.
5. Aquí no hay prebendas, cargos, honores o distinciones, Aquí solamente hay trabajo, ilusión y deseo de ser útiles.
6. Con el paso de los días, tal vez un mes o dos, desde la estructura de coordinación que tengamos, informaremos de la marcha de los trabajos.
7. La elaboración de programa no es un laboratorio de ideas, propuestas y proyectos sino también un centro de movilización para difundir, defender y ganar adeptos al trabajo. Por supuesto que en la medida que esto cuaje deberemos, con inteligencia, usar del poder que tengamos para influir en la marcha de las cosas.
El Referente
Como es sabido, en Sabadell me ofrecí como referente para este proyecto. Quiero que mis palabras queden nítidas y en consecuencia eviten interpretaciones sesgadas y basadas en hipótesis hijas de la falta de claridad.
Un referente es aquella persona que por su proyección social o mediática puede, en un determinado momento, simbolizar el proyecto siquiera en sus inicios. En mi caso esa proyección ha sido consecuencia de una acción pública en el pasado y el presente. Ya no hay más.
Si este proyecto arranca, se consolida y crece, el referente será el proyecto mismo, otros hombres y otras mujeres. Me habré ganado el descanso.
No seré cargo público o tendré presencia en la vida institucional. Son tres las razones: mi edad, mi salud y la verdad de que nunca segundas partes fueron buenas.
En esta etapa inicial seré la referencia pública para explicar el proyecto, defenderlo, impulsarlo y trabajar en él y todo ello a expensas de las decisiones que se tomen por el propio proyecto cuando este se consolide y tenga órganos de coordinación. Ello me supondrá un esfuerzo y una dedicación que en absoluto puede consistir en ir de la ceca a la meca como espectáculo mediático para ganar audiencias o confortar egos.
Actos públicos los justos y bien dosificados. Estas son las condiciones de mi contrato. A trabajar, organizar, luchar y consolidar la mayoría. Un abrazo fraternal.
Programa- ponencia para iniciar los debates y la elaboración colectiva.
Nota.- El presente listado de propuestas no tiene otro objetivo que servir de materia concreta para el inicio del debate y la elaboración a llevar a los otros y en su momento a la opinión pública. Cuando se redactó se tuvieron presentes las características que sobre el Programa he escrito antes. Insisto que sólo es un material para comenzar.
1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes. Esta cantidad es exactamente el 72% de la media de los seis países de la UE que lo tienen más alto: Luxemburgo (1610 euros), Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336 euros), Francia (1321 euros), Gran Bretaña (1.148 euros)
2. Ninguna pensión por debajo del SMI.
3. Extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica.
4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos fiscales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de la Hacienda Pública.
5. Banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas de ahorros.
6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia programada.
7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución.
8. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los consumidores.
9. Efectiva separación entre las iglesias y el Estado.
10. Reforma del Sistema Electoral en el sentido de implantar otro proporcional, con las CCAA como circunscripción y un colegio nacional de restos
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